La contribución de la minería a las finanzas públicas del país y al desarrollo local es minúscula; no corresponde con la gran cantidad de impactos socioambientales que provoca. Una prueba de esto es que en lugares donde abundan el oro o la plata y proyectos mineros para su extracción las cifras sobre pobreza y pobreza extrema siguen siendo alarmantes. Esto ha sido posible por la Ley Minera de 1992, que sentó las bases para que empresas mineras privadas tanto nacionales como extranjeras tuvieran acceso irrestricto para explorar y explotar los recursos minerales de la nación, incluye muy pocas obligaciones respecto de los impactos sociales y ambientales. Es decir, que la Ley Minera de 1992 sentó las condiciones para que se dieran enormes procesos de despojo, contaminación, deforestación y violación de derechos humanos en los territorios donde se han otorgado concesiones mineras.
Hasta julio del 2022, existían 24,141 títulos de concesión minera vigentes en el país, lo que equivale a un total de 17.13 millones de hectáreas concesionadas, poco menos del 9% de la superficie del país. A pesar del enorme número de concesiones otorgadas, se estima que hay 874 proyectos mineros en operación en el país.
En la administración que concluye este 2024 se dio una importante lucha de pueblos y comunidades, organizaciones y academia para renovar la infame Ley de 1992, lucha que logró la aprobación de una nueva Ley de Minería, primer paso para frenar los abusos de esta industria en el país.